El infierno de la autocaravana
Bitácora de nuestra derrota
«Lo auténtico ya no es descansar: lo auténtico es pasarse medio agosto vaciando un baño químico en un área de servicio mientras finges que eres libre»
El drama de veranear en el tren
✅Introducción:
El fenómeno del autocaravanismo ha experimentado un notable crecimiento en España en las últimas dos décadas. A medida que más ciudadanos descubren los beneficios de viajar en autocaravana, las asociaciones Autocaravanistas han ido surgiendo con distintos enfoques, desde el ocio y la socialización entre usuarios, hasta la reivindicación de derechos, la creación de áreas de estacionamiento y pernocta, o la interlocución con las administraciones públicas. Sin embargo, este avance no ha ido acompañado de una representación asociativa fuerte, estructurada y unificada. A diferencia de otros países europeos donde el asociacionismo ha logrado estructuras más eficaces, en España predomina la fragmentación territorial y la coexistencia de asociaciones de distinto carácter. Este artículo intenta dar una visión del estado actual del asociacionismo autocaravanista en España, atendiendo a su distribución por comunidades autónomas, perfil, actividad y representación efectiva del colectivo.
Actualmente, se estima que hay más de 80.000 autocaravanas en España, sin contar un número creciente de furgonetas camperizadas que cada vez más acceden a esta forma de vida o tiempo libre, (muchas de ellas no homologadas como vehículos vivienda epígrafes en su ficha técnica 3248, 2448 u otros). Frente a este parque móvil, las asociaciones representan a un porcentaje minoritario, probablemente inferior al 10%, aunque sus acciones y logros afectan a todo el colectivo.
El G3A (Grupo de asociaciones Autonomicas de
Autocaravanistas) presentan alegaciones conjuntas al
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO.
Con motivo de la modificación del ZBE dentro del Reglamento de
Circulación el grupo G3A (Grupo de Asociaciones Autonómicas de Autocaravanistas) que representan aproximado de más de 5.000 socios y
seguidores, presentan las alegaciones oportunas para defender los
derechos del colectivo
Las razones jurídicas esgrimidas en contra de la reforma del Reglamento General de
Circulación son las siguientes:
Para empezar, dice el Real Decreto que modifica el RGC en materia de SEÑALIZACÓN de tráfico:
“La señalización vial en sus distintas formas es uno de los elementos clave en la gestión de la circulación. Su importancia se manifiesta tanto en los aspectos más básicos, sin los cuales no se podría articular la movilidad urbana y por carretera, como en los más fundamentales para la seguridad vial.”
Con esta motivación, explican desde la DGT, la conveniencia de tener “claro y cristalino”, lo que las señales nos indican a TODOS los conductores
“Respecto a la seguridad jurídica, la propuesta normativa se ejerce de forma coherente con el resto de ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, de forma que se mantiene un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita lo máximo posible la toma de decisiones por parte de las personas.”
También explican desde la DGT la conveniencia de que las normas sean uniformes en cualquier lugar por donde un conductor pueda circular con su vehículo, ya que la decisión de hacer caso a la señal que tenemos delante depende de esa “claridad cristalina” y no de las dudas caprichosas que se generan, en el momento de decidir instalarlas, a causa del incumplir lo que mandata este RGC en su anexo I de señales.
“Esta nueva norma cumple el principio de eficiencia al evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y permite racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos al realizarse el cambio físico de señalización y marcas viales en el momento de la necesaria renovación de estos elementos y no de forma ejecutiva tras la aprobación de los cambios, excepto en el caso de las señales y marcas viales que se suprimen, las cuales deberán ser retiradas, por razones de seguridad jurídica.”
Dejan claro desde la DGT, o así se puede interpretar, que la gestión de los recursos públicos, es importante.
¿Podemos entender que instalar señales que NO están en el catálogo es un mal uso de dichos recursos?